Cuando escuchamos la promesa de que «nadie se quede afuera» y la oferta de acceso a una salud digna y oportuna, todos estamos de acuerdo con que se trata de un mandato moral y urgente, pero la crisis sanitaria no se resuelve inyectando más dinero a una burocracia estatal lenta e ineficiente, eso es un camino directo al fracaso. El centro del debate no radica en agrandar el tamaño del Estado, sino en cómo mejorar la calidad de su gerencia pública. Necesitamos, antes que cualquier otra reforma, una administración pública íntegra, transparente, ágil, moderna y con una alta eficiencia gerencial. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuando la gestión pública es deficiente su impacto es devastador para la competitividad del país; por el contrario, cuando el Estado eleva la calidad de su gerencia, los beneficios se vuelven colosales: se puede lograr un incremento en la productividad de todo el entorno empresarial hasta en 2.4 puntos porcentuales (OCDE, 2020).
Pero esto requiere reestructurar con urgencia el manejo de los recursos humanos implementando evaluaciones de desempeño complejas que midan con rigor la eficacia del personal clínico en función de objetivos institucionales claros; además, debe erradicarse el tarjetazo político y premiar la verdadera meritocracia (ENAP, 2024).
El liderazgo directivo es el alma de la efectividad del Estado; por ello, la gerencia de la salud pública debe incorporar prácticas probadas del sector corporativo, como esquemas de pago por desempeño para los altos mandos y directores de hospitales, donde la permanencia en sus puestos dependa exclusivamente del cumplimiento de metas asistenciales reales y de la optimización de los presupuestos asignados (OCDE, 2005). No podemos soñar con llegar a tener un sistema de salud del primer mundo si los hospitales se administran con reglas burocráticas del siglo pasado; necesitamos contar con un Estado moderno y dinámico en el que profesionales éticamente intachables y altamente calificados planifiquen estratégicamente cómo utilizar cada sol invertido (USMP, 2021).
A la par que construimos un Estado que gerencia sus recursos con estándares de excelencia corporativa, y que se van cerrando las brechas, podemos activar, como mecanismo alterno y complementario, la libre elección del prestador de salud por parte del ciudadano. Este modelo está alineado con naturalidad dentro de los pilares de una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre pero el Estado actúa bajo un rol solidario y subsidiario para garantizar el bienestar de la población (Olivos Celis, 2025; Egacal, 2021). No se requiere ningún asomo de intervencionismo estatal asfixiante o control de precios en clínicas y medicamentos.
La historia económica nos ha enseñado que los precios máximos impuestos de forma artificial destruyen los incentivos para producir, distorsionan las señales del mercado y generan un desabastecimiento crónico que termina excluyendo a los pacientes más vulnerables, así como un mercado informal e ilegal que incrementa los riesgos para los ciudadanos (BCRP, 2021). En la industria farmacéutica, por ejemplo, el control administrativo de precios perjudica la inversión en investigación y desarrollo, provocando retrasos fatales en la aprobación de terapias innovadoras (Philipson & Durie, 2021). Es una lección indiscutible: el control de precios en salud es un remedio peligroso que genera más efectos negativos y termina resultando mucho peor que la enfermedad (THEMIS, 2020).
En lugar de asfixiar la oferta con controles de precios, el Estado eficiente debe promover una competencia transparente publicando datos duros de calidad clínica para que sea el ciudadano quien decida con soberanía a dónde acudir. Este debe ser el nuevo rol de los reguladores públicos: utilizar los datos para implementar masivamente instrumentos de medición de resultados y experiencias desde la perspectiva del paciente, conocidos mundialmente como los PROMs y los PREMs (WONCA, 2025). Mientras que los PROMs evalúan científicamente el impacto real de un tratamiento en el bienestar físico, mental y la calidad de vida del enfermo, los PREMs miden la calidad del proceso de atención, tales como la claridad de la información médica recibida, el trato respetuoso y los tiempos de espera en el consultorio (Fundación Spine, 2025; SEFH, 2023).
Al digitalizar y transparentar esta data, el dinero del Estado sigue la decisión del paciente; los proveedores privados y públicos se ven obligados a competir ferozmente por ofrecer la mayor excelencia clínica para captar su preferencia, alineando el financiamiento con los mejores resultados de salud (OECD, 2025; 2017). Fíjese en el diseño de competencia administrada de la Ley 100 de Colombia; al subsidiar la demanda y permitir la libre elección de aseguradora y de hospital, se induce una mayor eficiencia general en la entrega de prestaciones de salud (IDRC, 1993; Semantic Scholar, 2011). Del mismo modo, en nuestra región, Chile implementó la Modalidad Libre Elección en FONASA, que permite a las familias de ingresos medios y bajos elegir atenderse en clínicas privadas en convenio con coberturas estatales de hasta el 90% (SuperdeSalud, 2024).
Además, el Sistema de Acceso Priorizado de Fonasa es un gran ejemplo de complementariedad: permite a los afiliados operarse de cirugías complejas en la red privada de manera rápida, voluntaria y bajo un copago único, eliminando las agobiantes listas de espera del sistema público (RedSalud, 2024; Red Dávila, 2024).
Pero fíjese bien, para que la gerencia pública eficiente y la libre elección tengan un soporte real en la calle, necesitamos una infraestructura sanitaria de primer nivel. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son herramientas de inversión macro formidables e indispensables para el desarrollo a largo plazo; son el mecanismo óptimo para que el capital corporativo diseñe, financie y mantenga grandes complejos hospitalarios y laboratorios de alta complejidad tecnológica, garantizando estándares internacionales de calidad durante décadas bajo contratos rigurosamente vigilados por el Estado (OCDE, 2012; CONFIEP, 2024).
Ahora bien, cuando se trata de intervenciones descentralizadas de rápida ejecución para el cierre de brechas inmediato, el modelo de Obras por Impuestos (OxI) y Servicios por Impuestos (SxI) es el complemento ideal. Los datos demuestran la indiscutible superioridad del mecanismo OxI: el 74% de estos proyectos de inversión en salud se culminan dentro o antes de los plazos establecidos, superando el magro 63% de puntualidad que arrastra la obra pública tradicional, gracias a contratos más ágiles y una mejor gerencia de riesgos (ComexPerú, 2026). De hecho, en los primeros meses de 2026 el mecanismo rompió un récord histórico al superar los S/ 3,276 millones en adjudicaciones, reflejando una confianza privada masiva (PROINVERSIÓN, 2026).
Con la reforma estructural de la Ley 32460, se erradicó el riesgo político al facultarse al Ministerio de Economía a emitir directamente los certificados de inversión en caso de demoras burocráticas subnacionales (ComexPerú, 2025). Y el salto más disruptivo de esta norma es la creación de los Servicios por Impuestos (SxI) bajo el Artículo 3-A, que permite al capital privado financiar de manera continua la provisión directa de servicios médicos y campañas de atención primaria en zonas rurales, de frontera o declaradas en emergencia, de la mano del acompañamiento técnico de ProInversión (Ecovis, 2025; PROINVERSIÓN, 2026).
Toda esta sinergia público-privada requiere, por supuesto, un Estado firme y aséptico contra la corrupción. Las adquisiciones estatales en salud representan un porcentaje importante del 13% del PIB que los países de la OCDE destinan a las compras públicas, constituyendo por definición el área de más alto riesgo para el fraude y el soborno corporativo (OCDE, 2025; 2026). No podemos tolerar un capitalismo de compadres que ahuyente la inversión honesta.
Por ello, el modelo de Control Concurrente de la Contraloría General de la República del Perú es un referente internacional brillante: realiza un acompañamiento simultáneo y en tiempo real para alertar sobre riesgos técnicos y financieros antes de que se consume el perjuicio económico (Contraloría General, 2017). Financiado de manera autónoma con un canon máximo de hasta el 0.5% del valor de las obras de gran magnitud (CGR, 2022), este sistema generó un ahorro probado de más de S/ 3,800 millones de soles en casi 1,900 inversiones públicas y aceleró la velocidad de avance físico de las obras en 29 puntos porcentuales (Contraloría General, 2024).
Y para resguardar la agilidad que el sector privado necesita, la Ley 32460 estipula con gran inteligencia que el informe previo de la Contraloría se limite de forma exclusiva a evaluar la capacidad financiera de la entidad pública contratante, prohibiendo expresamente a los auditores entrometerse en decisiones de diseño técnico o ingeniería biomédica de las empresas constructoras (Ecovis, 2025; OEA, 2009).
Así es como se orquesta el futuro de la salud: colocando una gerencia pública de primer nivel en el corazón del Estado, empoderando de forma alterna al ciudadano con el poder de la libre elección informada por datos reales, y desplegando el músculo corporativo bajo un cerco de integridad inquebrantable.