DIAGNÓSTICO:
Precariedad y desigualdad en la infraestructura de salud
El Perú dispone de más de 8,000 establecimientos de salud del primer nivel; sin embargo, más del 60% de estos operan en infraestructuras inadecuadas y carecen de servicios básicos como agua potable o suministro eléctrico continuo (MINSA, Diagnóstico del Primer Nivel, 2023). Diversos centros funcionan en instalaciones comunales o educativas, lo que significa que no cuentan con las condiciones mínimas para brindar atención continua. En cuanto al segundo y tercer nivel de atención, correspondientes a hospitales, también se evidencia un déficit en la infraestructura. Del total de 159 hospitales públicos, el 38% supera los 40 años de antigüedad y los proyectos de nuevas edificaciones suelen enfrentar paralizaciones recurrentes, tal como ocurre en los hospitales de Piura, Puno y Cusco. Adicionalmente, se observa una marcada desigualdad territorial: regiones como Huancavelica, Loreto y Ucayali presentan una disponibilidad de camas hospitalarias y servicios de emergencia considerablemente inferior al estándar mínimo recomendado por la OPS (2.5 camas por cada 1,000 habitantes).
Brecha tecnológica y digital en el sistema de salud
La transformación digital en salud es limitada. No existe un sistema nacional interoperable de historia clínica electrónica, lo que dificulta el seguimiento de pacientes y la planificación. Los sistemas informáticos están fragmentados entre EsSalud, MINSA, Sanidades y clínicas privadas. La renovación de equipos médicos ha sido inadecuada: cerca del 30% están obsoletos y muchos hospitales carecen de tecnología mínima. Los procesos de compra centralizada, como el SISMED, son lentos y burocráticos, retrasando la entrega de insumos críticos como medicamentos oncológicos y dispositivos quirúrgicos.
Limitada capacidad preventiva del sistema de salud
El enfoque curativo es el predominante en el sistema de salud. El primer nivel de atención presenta limitaciones en recursos humanos, equipamiento y financiamiento. De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA, 2023), únicamente uno de cada cinco centros de salud realiza detección activa de enfermedades crónicas y la cobertura de tamizaje de mama es inferior al 20 % (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2024). En relación con la salud mental, la cobertura resulta insuficiente: existen solo 248 centros de salud mental comunitarios operativos a nivel nacional, lo que representa una brecha superior a los 1,000 establecimientos (DGSM, 2024). Asimismo, el sistema evidencia debilidades en la respuesta ante epidemias; la pandemia puso en manifiesto deficiencias en vigilancia, pruebas diagnósticas, disponibilidad de oxígeno y coordinación interregional. Finalmente, enfermedades como la anemia continúan afectando al 42% de los menores de tres años, pese a las diversas campañas implementadas. La falta de seguimiento, articulación con gobiernos locales y ausencia de incentivos para el personal contribuyen a la persistencia del problema.
Baja eficiencia en la gestión y gasto del sistema de salud
El sistema de salud presenta una estructura fragmentada compuesta por diversos subsistemas: MINSA, EsSalud, Sanidades, gobiernos regionales y clínicas privadas. Actualmente, carece de mecanismos de articulación operativa y financiera, lo que ocasiona duplicidad de funciones, mayores gastos y tiempos de espera más largos. Mientras los hospitales públicos enfrentan situaciones de sobrecarga, existe capacidad subutilizada en varias clínicas privadas.
Por otro lado, la eficiencia del gasto público en salud es limitada: más del 40% del presupuesto se destina a remuneraciones y gastos administrativos, con una baja inversión o subejecución en activos estratégicos tales como infraestructura, equipamiento y programas preventivos. En 2024, se ejecutó el 89 % del presupuesto destinado a inversiones en el sector salud; sin embargo, los gobiernos locales solo alcanzaron una ejecución del 67 %, dejando casi 250 millones de soles sin ejecutar (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2024).
La participación del sector privado en salud se desarrolla dentro de marcos regulatorios poco definidos. El proceso de contratación de clínicas, laboratorios y farmacias carece de transparencia suficiente, y aún no existe una normativa moderna para asociaciones público privadas en salud que asegure estándares de calidad, eficiencia y control ciudadano.
Propuestas del Gobierno:
Prevención y promoción de la salud
Creación de centros de salud maternoinfantiles rurales, como parte del avance hacia la salud universal, y fortalecimiento de la atención preventiva mediante la Dirección General de Prevención en Salud, ampliando su alcance en vacunación, chequeos obligatorios y educación sanitaria.
• Lanzamiento de un Programa Nacional de Prevención de la Anemia y la Desnutrición Infantil, en el marco de la salud universal desde la primera infancia, articulado con campañas de “Bebés que Nacen Fuertes”.
• Reactivación y fortalecimiento del modelo CLAS (Comunidades Locales de Administración de Salud), asegurando financiamiento sostenible, mecanismos de control social moderno, profesionalización en la gestión y contratos de incentivos basados en resultados.
• Implementación de un Padrón Nominal de gestantes y niños menores de 3 años para seguimiento en tiempo real, interoperable con RENIEC y el SIS.
• Aseguramiento de la entrega oportuna de un paquete priorizado de prestaciones, garantizando el acceso efectivo a la salud universal y al desarrollo infantil temprano.
• Promoción de la alimentación saludable mediante campañas educativas en el canal del Estado y en instituciones educativas, regulando la publicidad de alimentos procesados.
• Orientación del gasto público hacia infraestructura sanitaria básica, nutrición infantil y vacunación universal, con articulación entre MINSA, MIDIS y gobiernos locales.
• Establecimiento de un plan de vacunación gratuito para adultos mayores de 60 años, y chequeos médicos obligatorios cada dos años para personas de 16 a 60 años, enfocados en detección temprana.
• Creación del Sistema Nacional de Cuidados como política de Estado, para atender integralmente a adultos mayores, personas con discapacidad, niños y personas en situación de dependencia, articulando a los sectores Salud, Mujer, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo, Educación y gobiernos subnacionales.
• Implementación de Centros Públicos, para adultos mayores y personas con discapacidad, con servicios de alimentación, salud preventiva, rehabilitación, recreación y acompañamiento psicosocial.
• Incorporación de la preparación frente a futuras pandemias como eje transversal del sistema nacional de salud.
• Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros de Salud Mental Comunitarios, ampliando su cobertura en el país, priorizando zonas rurales, amazónicas y urbano-marginales. Desarrollo de una plataforma digital de atención psicológica y orientación emocional con atención 24/7, integrada a la Línea 113 Salud Mental.
• Ejecución de campañas permanentes de salud masiva, gratuitas o de bajo costo, priorizando las zonas más vulnerables y de alta presencia de animales en calle, en coordinación con gobiernos regionales, municipalidades, colegios profesionales y organizaciones animalistas, como eje central de control poblacional y salud pública.
• Implementación del Carnet Nacional del Adulto Mayor en el acceso a salud, otorgando descuentos obligatorios en medicamentos y consultas médicas en establecimientos 99 públicos y privados, priorizando tratamientos para enfermedades crónicas, con el fin de reducir el gasto de bolsillo y asegurar continuidad en la atención del adulto mayor.
Acción de segunda línea:
Despliegue de un sistema de telemedicina nacional para ampliar la cobertura de consultas y diagnósticos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
• Implementación del otorgamiento de citas prontas en ambientes cómodos y adecuados, como medida prioritaria, garantizando trato digno al paciente.
• Organización de equipos de profesionales itinerantes para reforzar la atención a pacientes dados de alta o que no han recibido atención oportuna, incorporando seguimiento digital y visitas domiciliarias.
• Implementación del Programa Nacional de Atención Domiciliaria de Cuidados, priorizando hogares en pobreza, pobreza extrema y zonas rurales, con equipos multidisciplinarios de salud, rehabilitación y apoyo psicosocial.
• Dotación a postas médicas y hospitales de infraestructura, equipamiento y materiales adecuados, priorizando la atención de enfermedades crónicas, geriátricas y de salud mental.
• Implementación de una red interconectada y referenciada de centros de atención primaria, que permita derivar pacientes a los hospitales según protocolos estandarizados, evitando la saturación hospitalaria y garantizando que la orientación, el triaje y la información brindada se adapten a los diversos idiomas y contextos culturales de cada zona, para asegurar un acceso efectivo y comprensible a los servicios de salud. Incremento de camas hospitalarias y construcción de nuevos establecimientos según densidad poblacional: hospitales tipo I para atención básica, hospitales tipo II equipados con especialidades, y un hospital tipo III por macrorregión para atención compleja.
• Ejecución de proyectos para el fortalecimiento del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital de Chinchero, Hospital de Alta Complejidad de Piura, Establecimientos de Salud Huari y Huaripampa.
• Modernización y actualización del Fondo Nacional para Enfermedades de Alto Costo (FINSAL), que defina capas de atención y garantice cobertura integral sin riesgo de endeudamiento familiar. Además, de actualizar el listado de enfermades que son cubiertas por el FINSAL (tipos de cáncer no cubiertos por el SIS).
• Implementación del Programa Nacional de Medicamentos con Descuento Preferencial, garantizando acceso permanente a tratamientos para enfermedades crónicas mediante farmacias públicas y privadas, con regulación de precios y estándares de calidad.
Fortalecimiento institucional:
Fortalecimiento del rol rector del MINSA con funciones claras: conducción sectorial, regulación, aseguramiento, modulación del financiamiento y armonización de la provisión.
• Separación de las funciones de financiamiento y prestación de servicios tanto en el sector público como en EsSalud, para evitar conflictos de interés.
• Impulso de convenios de tarifas entre instituciones públicas y privadas, permitiendo que el usuario elija libremente dónde atenderse sin afectar la cobertura financiera.
• Ampliación de la cobertura del aseguramiento público mediante un sistema único de afiliación con base en criterios socioeconómicos y territoriales.
• Modernización del modelo de gestión CLAS, asegurando reglas claras para la firma de convenios, mecanismos de rendición de cuentas digital, metas de desempeño vinculadas a resultados en Atención Primaria de la Salud, fortalecimiento de la participación comunitaria, ampliación de los CLAS en zonas rurales y amazónicas, y articulación con gobiernos locales para mejorar la gobernanza territorial en salud.
• Aseguramiento de la cobertura del SIS para los jóvenes beneficiarios del régimen de empleo y emprendimiento, asegurando acceso a la salud y protección social durante su etapa de inserción laboral o desarrollo empresarial.
• Implementación de la interoperabilidad total de historias clínicas electrónicas, homologadas con el número de DNI, permitiendo trazabilidad y atención continua en cualquier establecimiento del país.
• Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Nominal en Salud Infantil y Materna, interoperable con RENIEC, SIS y EsSalud, con alertas tempranas para riesgos de anemia y desnutrición.
• Introducción de algoritmos de detección de brotes epidemiológicos y sistemas predictivos para anticipar emergencias sanitarias y pandemias.
• Autorización del ingreso de medicamentos registrados en países de alta vigilancia sanitaria, reduciendo tiempos de acceso y garantizando estándares internacionales de calidad.
• Fomento de la producción nacional de genéricos esenciales y la negociación conjunta de precios a nivel estatal para abaratar costos de tratamiento.
• Aseguramiento de la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, con presupuesto, metas anuales de cobertura y supervisión permanente, asegurando atención gratuita, oportuna e integral en el país priorizando a las poblaciones más vulnerables y de menores recursos.
• Creación del Banco Nacional de Cuidadores Certificados, articulado al sistema de salud, para asegurar disponibilidad de cuidadores formales capacitados y supervisados.
• Reconocimiento del trabajo de cuidado como actividad económica complementaria al sistema de salud, incorporando a cuidadores a procesos de capacitación técnica, certificación de competencias y acceso a servicios de salud.
Primeros 100 Días:
Lanzamiento del Sistema Nacional de Telemedicina para Zonas Rurales y Amazónicas.
• Implementación del sistema de Citas Prontas en hospitales nacionales y regionales priorizados, reduciendo los tiempos de espera con mecanismos digitales y priorización de pacientes crónicos.
• Inicio con la implementación de una red nacional de Centros de Salud Materno-Infantiles Rurales, fortaleciendo la atención preventiva, la vacunación y la educación sanitaria en comunidades altoandinas y amazónicas.
Principales metas e indicadores.
• Prevención y salud infantil prioritaria: Reducir la anemia infantil al 20% mediante cobertura universal de vacunación, chequeos preventivos y servicios materno-infantiles reforzados.
Indicador. Tasa de anemia en menores de 3 años.
• Atención primaria moderna y tiempos de espera reducidos. Garantizar telemedicina operativa en el 100% de centros del primer nivel y reducir en 30% los tiempos de espera hospitalaria.
Indicador: Porcentaje de centros del primer nivel con servicio de telemedicina activo.
• Sistema de salud interoperable y con historias clínicas electrónicas. Integrar el 80% del sistema de salud (MINSA, EsSalud y Sanidades) a una historia clínica electrónica ligada al DNI.
Indicador: Porcentaje de interoperabilidad entre MINSA, EsSalud y Sanidades.