El Perú acaba de iniciar un nuevo período de gobierno, y con ello se abre también una oportunidad para repensar cómo enfrentamos a los grandes problemas pendientes en el sector salud. Sabemos que todo cambio de administración trae consigo expectativas y una revisión de prioridades, y creemos que este es un momento propicio para poner sobre la mesa una discusión que consideramos impostergable: la manera en que el sector privado de salud puede sumar esfuerzos junto al Estado para cerrar, de una vez por todas, las brechas de atención que afectan a millones de peruanos. Desde el Grupo La Luz, con más de quince años de experiencia gestionando servicios de salud en distintas regiones del país, creemos tener algo que aportar a esta reflexión.
No es ninguna novedad señalar que el sistema de salud peruano arrastra brechas estructurales de infraestructura, de recursos humanos y de tecnología. El propio Ministerio de Salud ha documentado en más de una ocasión las carencias del primer nivel de atención, y todos hemos visto en los medios de comunicación las quejas recurrentes por falta de citas, de personal y de medicamentos. Aunque en los últimos años se han logrado avances importantes en el aseguramiento, seguimos enfrentando una brecha entre tener a la población afiliada en el papel y que esa afiliación se traduzca en una atención efectiva y oportuna cuando la gente la necesita. Cerrar esa distancia entre cobertura nominal y acceso real es, a nuestro juicio, el gran desafío pendiente.
En este contexto, un nuevo gobierno representa una ventana de oportunidad concreta. Los primeros meses de gestión suelen ser el momento en que se definen las prioridades de la política pública para los siguientes años, y también quizás el momento más propicio para plantear reformas que en otros períodos hubiesen enfrentado mayores resistencias. Si existe hoy una mayor apertura hacia la participación del sector privado para resolver problemas de gestión estatal, la salud debería estar entre los primeros sectores en beneficiarse de esa apertura, dado que se trata de un ámbito donde la magnitud de las brechas exige sumar toda la capacidad disponible, sea pública o privada.
Este no es un planteamiento abstracto. El gobierno recién instalado ha encargado el sector a un ministro de perfil empresarial y de gestión, con la expectativa de lograr eficiencia en el sector público y de priorizar resultados concretos para la población por encima de la sola ejecución presupuestal. Esa misma orientación había sido planteada meses antes por el propio subsector privado de salud, que propuso una hoja de ruta para los primeros cien días de gobierno basada en la aceleración de la transformación digital y en la eliminación del desabastecimiento de medicamentos mediante alianzas con actores privados. Y no se trata de un tema menor: distintos análisis del sector han advertido que, pese al incremento sostenido del presupuesto público en salud, cerca de cuatro de cada diez personas que enferman terminan resolviendo su problema en una farmacia antes que en un establecimiento público de salud, lo que confirma que la brecha entre estar asegurado y ser efectivamente atendido cuando se necesita sigue vigente.
¿Y qué es concretamente lo que puede aportar una organización privada de salud a este esfuerzo? En primer lugar, agilidad. Las organizaciones privadas suelen tomar decisiones de gestión con mayor rapidez, lo que se traduce en procesos de atención más cortos, en la posibilidad de resolver exámenes de ayuda diagnóstica en horas o el mismo día, y en general en una capacidad de respuesta que muchas veces resulta difícil de igualar dentro de estructuras estatales más rígidas. En segundo lugar, eficiencia en el uso de recursos: la disciplina de gestión que exige operar de manera sostenible en un mercado competitivo obliga a optimizar cada sol invertido, algo que resulta especialmente valioso cuando hablamos de un sistema de salud que necesita, sobre todo, conseguir más salud con el mismo presupuesto. En tercer lugar, la modernidad y la capacidad de innovar. El sector privado ha sido, en general, más rápido en incorporar tecnología de punta, historia clínica informatizada, telemedicina y, más recientemente, herramientas de inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico y la gestión de la información en salud. Estas herramientas no son un lujo, sino un mecanismo real para ampliar la capacidad resolutiva de un sistema con recursos limitados, sobre todo en un país con enormes barreras geográficas de acceso. Y, en cuarto lugar, la experiencia acumulada en estandarizar procesos de atención y en gestionar redes de servicios con calidad homogénea, algo que resulta particularmente relevante cuando pensamos en escalar soluciones a nivel nacional. Nuestra propia experiencia en el Grupo La Luz ilustra estas ventajas. Hemos construido, a lo largo de estos años, una red de ocho sedes en distintas ciudades del país, desde Lima hasta Chiclayo, Tacna, Jaén y próximamente Cajamarca, atendiendo a miles de personas con procesos estandarizados, tecnología moderna y profesionales calificados. Ese crecimiento no ha sido un fin en sí mismo, sino la consecuencia de un modelo de gestión que prioriza la agilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera. Y si una organización privada de este tamaño puede desplegar ese modelo con recursos propios, cabe preguntarse cuánto más se podría lograr si ese mismo modelo se pusiera, mediante mecanismos adecuados, al servicio de todo el sistema de salud.
Aquí conviene ser precisos sobre qué significa realmente «poner al servicio del sistema» la experiencia privada. No se trata de sustituir al Estado en su responsabilidad de financiar y garantizar el derecho a la salud, que es y debe seguir siendo una tarea estatal. Se trata, más bien, de complementar esa responsabilidad con capacidad de gestión y de operación allí donde el sector público enfrenta mayores dificultades. En el Perú existen aproximadamente a la actualidad cerca de doce mil establecimientos de primer nivel de atención, de los cuales más o menos ocho mil son públicos y cuatro mil son privados. Un sistema verdaderamente articulado debería aprovechar toda esa infraestructura disponible, sin distinción de origen, mediante mecanismos de asociación público-privada bien diseñados que permitan a los operadores privados atender a población afiliada a los seguros públicos, bajo estándares de calidad supervisados y con mecanismos de pago claros y transparentes. Para que esta articulación funcione, se requieren al menos tres condiciones. La primera es una regulación inteligente, que fije reglas claras de calidad y de servicio sin caer en una burocracia que termine desincentivando la participación privada. La segunda es transparencia en las transacciones y en los mecanismos de pago, de manera que la ciudadanía y las propias instituciones financiadoras puedan verificar que los recursos públicos se traducen efectivamente en atenciones de calidad. Y la tercera es un sistema de monitoreo y evaluación a gran escala, algo que hoy resulta perfectamente viable gracias a la tecnología y a las herramientas de análisis de datos, para hacer seguimiento de miles de atenciones sin que ello se convierta en un obstáculo administrativo.
Pensemos, por ejemplo, en zonas del país donde la oferta pública de primer nivel es insuficiente o donde la brecha de especialistas resulta más aguda: allí, mecanismos de tercerización o de compra de servicios a operadores privados certificados podrían reducir tiempos de espera de manera casi inmediata, sin necesidad de esperar los años que toma construir y equipar un nuevo establecimiento público. Del mismo modo, en el campo del diagnóstico por imágenes o de exámenes de laboratorio, donde la brecha de equipamiento suele ser más evidente, la capacidad instalada del sector privado podría complementar de forma ágil la oferta estatal mientras se ejecutan las inversiones de mediano plazo que el propio Estado requiere. Se trata, en el fondo, de utilizar la capacidad ya instalada del país, en lugar de duplicar esfuerzos o de esperar a que la infraestructura pública alcance por sí sola a toda la población.
Es importante señalar también que la participación privada en salud trae beneficios que van más allá de la propia atención médica. La inversión privada en este sector dinamiza la economía, genera empleo directo e indirecto, y contribuye a fortalecer capacidades de gestión que luego pueden ser aprovechadas por el sistema en su conjunto. En un contexto de recuperación económica como el que busca impulsar el nuevo gobierno, fomentar la inversión privada en salud no solo tendría un impacto directo en el bienestar de la población, sino también en la generación de empleo formal y en el desarrollo de proveedores y cadenas de valor asociadas al sector. Naturalmente, para que este nuevo período de gobierno represente una oportunidad real, se requiere también voluntad política y capacidad técnica para diseñar estos mecanismos de colaboración. La experiencia comparada en la región nos muestra que los países que han logrado avances más sólidos en el acceso a servicios de salud son, en general, aquellos que han sabido articular con inteligencia los aportes de los distintos actores del sistema, sin prejuicios ideológicos sobre el origen de la gestión, público o privado, y priorizando siempre el resultado final: que las personas reciban la atención que necesitan, cuando la necesitan, y con calidad. Ese debiera ser, en última instancia, el único criterio que oriente el diseño de cualquier reforma: no de dónde viene el operador que resuelve el problema, sino si efectivamente lo resuelve para la persona que lo necesita.
Desde el Grupo La Luz, con la experiencia acumulada en estos años de crecimiento y de gestión de servicios de salud estamos convencidos que las fortalezas del sector privado, sumadas con inteligencia a la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la salud, pueden ayudarnos a cerrar en menos tiempo las brechas en salud que tanto le cuestan a nuestro país. Este nuevo período de gobierno representa, en ese sentido, una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Hacemos votos por que las nuevas autoridades sepan aprovecharla con decisión, y que trabajando en equipo podamos finalmente acercar servicios de salud de calidad a todos los peruanos.