El bloque «Gestión y financiamiento que se ejecuta y sostiene: movilización de recursos y protección financiera en salud» de CADE Salud 2026 abordó uno de los retos estructurales del sistema sanitario peruano: cómo utilizar mejor los recursos disponibles para garantizar atención oportuna sin afectar la economía de las familias.
En un contexto donde el gasto en salud alcanza el 6.2% del PBI y el financiamiento proviene de diversas fuentes —incluyendo un significativo gasto de bolsillo—, los especialistas coincidieron en la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto y avanzar hacia modelos de financiamiento orientados a resultados, que prioricen la calidad, oportunidad y desempeño de los servicios.
Cristian Baeza: eficiencia del gasto y competencia para mejorar el acceso
Cristian Baeza, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Saludable, planteó una posición clara: el principal desafío del sistema no es necesariamente la falta de recursos, sino el uso ineficiente de los mismos. Señaló que, mientras no se logre demostrar que los recursos actuales se traducen en mejores resultados en salud, será difícil justificar un incremento en el financiamiento, debido a un problema de credibilidad en la gestión del sistema.
En ese sentido, enfatizó la importancia de generar incentivos adecuados para que las personas valoren y demanden el aseguramiento, especialmente en el sector informal, donde la percepción de beneficio es determinante para la participación. Indicó que sin una mayor cobertura efectiva de aseguramiento, será difícil garantizar una provisión adecuada de servicios.
Asimismo, propuso avanzar hacia un modelo más integrado, donde los distintos subsistemas —público, seguridad social y privado— dejen de operar de manera aislada y puedan articularse mediante la compra cruzada de servicios. Explicó que este enfoque permitiría optimizar la capacidad instalada, evitando duplicaciones de inversión y reduciendo brechas en el acceso, al aprovechar mejor la infraestructura existente.
Baeza también destacó que uno de los principales retos para implementar este tipo de modelo es la falta de estandarización en los mecanismos de contratación, pago y evaluación del desempeño entre los distintos actores del sistema. Por ello, consideró necesario avanzar hacia esquemas más homogéneos que faciliten la interoperabilidad entre instituciones y permitan medir resultados de manera comparable.
Finalmente, subrayó que el foco del sistema debe estar en las personas y no en las instituciones, señalando que los distintos modelos de aseguramiento y provisión deben entenderse como instrumentos al servicio del acceso efectivo a la salud. En esa línea, sostuvo que promover la competencia y la posibilidad de elección por parte de los usuarios puede generar incentivos positivos para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios.
Eduardo Morón: prevención, incentivos y competencia para una protección financiera efectiva
Eduardo Morón, presidente del Directorio de APESEG y APEPS, planteó la necesidad de replantear el enfoque del financiamiento en salud, subrayando que el principal desafío no es solo movilizar más recursos, sino utilizarlos estratégicamente para generar mayor valor en términos de resultados sanitarios.
En ese sentido, advirtió que persistir en un modelo presupuestal que replica el gasto histórico constituye un error, ya que no incorpora una visión preventiva ni considera el impacto futuro de las decisiones actuales. Morón enfatizó que la prevención debe ser entendida como una inversión y no como un gasto. Señaló que destinar recursos únicamente al tratamiento de enfermedades implica asumir costos mucho mayores en el mediano y largo plazo, especialmente en casos como enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos o diálisis.
Bajo esta lógica, sostuvo que una política de salud orientada a prevenir puede reducir significativamente el gasto futuro, tanto para el sistema como para las familias. Asimismo, destacó el potencial de la colaboración público-privada como un mecanismo clave para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia sin incrementar la presión fiscal. Indicó que aprovechar la capacidad instalada de las clínicas privadas y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) permitiría responder de manera más oportuna a la demanda, optimizando los recursos existentes en el sistema.
En relación con los mecanismos de pago por resultados, Morón señaló que estos representan una oportunidad para alinear los incentivos hacia la calidad y no solo hacia la cantidad de atenciones. Explicó que vincular el financiamiento a indicadores de desempeño —como la reducción de hospitalizaciones evitables, el control de enfermedades crónicas o la satisfacción del paciente— permitiría mejorar simultáneamente la eficiencia y los resultados clínicos.
Sin embargo, advirtió que su implementación requiere sistemas de información robustos, transparentes y confiables que permitan medir el desempeño de manera objetiva.
Finalmente, sostuvo que para garantizar una verdadera protección financiera es necesario avanzar hacia cambios estructurales en el sistema, asegurando el acceso efectivo al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y promoviendo un modelo que otorgue mayor capacidad de elección a los pacientes. Según indicó, fomentar la competencia entre prestadores y financiadores, junto con una política nacional de prevención, contribuirá a reducir el gasto de bolsillo que hoy afecta especialmente a los hogares más vulnerables.
Dante Arce: eficiencia en la gestión, capitación y articulación para reducir el gasto de bolsillo
Dante Arce, gerente general de la Sociedad Operadora IBT Group —a cargo de los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin—, señaló que el principal desafío del sistema de salud no radica únicamente en la cantidad de recursos disponibles, sino en cómo se estructuran y movilizan.
Desde su experiencia en la gestión de hospitales bajo contratos de concesión, destacó que es necesario profundizar y mejorar el modelo de asociaciones público-privadas (APP), permitiendo trasladar al sector privado la inversión en infraestructura, equipamiento y operación, liberando recursos públicos. No obstante, advirtió que estos contratos deben ser más flexibles y adaptarse oportunamente a cambios en la demanda, ya que la rigidez contractual puede generar ineficiencias que terminan impactando en el sistema.
Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en una reforma del aseguramiento universal que permita superar la fragmentación actual entre los principales aseguradores del país. Indicó que se requieren mecanismos que permitan que los recursos «sigan al paciente» y no al presupuesto, reduciendo duplicidades y mejorando la eficiencia en la asignación sin necesariamente incrementar el gasto.
En relación con los mecanismos de financiamiento, Arce destacó el impacto transformador del modelo de pago capitado, el cual, según explicó, alinea los incentivos del gestor con los objetivos del sistema. A diferencia de los esquemas tradicionales, donde el financiamiento está asociado al volumen de atenciones, la capitación implica asumir el riesgo integral de una población, incentivando la prevención, el control oportuno de enfermedades y el fortalecimiento del primer nivel de atención.
Este modelo, afirmó, promueve decisiones clínicas y de gestión orientadas a la eficiencia, como la reducción de hospitalizaciones innecesarias, la implementación de programas para pacientes crónicos y el uso de protocolos basados en evidencia.
Arce también subrayó que la capitación exige el desarrollo de sistemas de información sólidos que permitan conocer el perfil epidemiológico de la población y garantizar la continuidad de la atención, evitando la fragmentación que perjudica tanto al paciente como al sistema.
Finalmente, sostuvo que la reducción del gasto de bolsillo es posible si el financiamiento está correctamente estructurado. Para ello, propuso extender la lógica contractual de las APP al conjunto del sistema, definiendo con claridad qué servicios están cubiertos, asegurando su financiamiento y estableciendo responsabilidades en la provisión.
Asimismo, enfatizó la importancia de financiar la continuidad de la atención —y no solo episodios aislados— y de avanzar hacia un modelo donde los mecanismos de aseguramiento permitan acompañar al paciente a lo largo de todo su proceso de atención, reduciendo así las brechas de acceso y vulnerabilidad financiera.
Rafael Cortez: mayor inversión, eficiencia y competencia regulada para cerrar brechas en salud
Rafael Cortez, profesor-investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, sostuvo que uno de los principales retos del sistema de salud peruano es incrementar progresivamente el presupuesto que actualmente está en alrededor del 6.2% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo del promedio regional.
Señaló que el país debería apuntar a alcanzar niveles cercanos al 9% del PBI en el mediano plazo, lo que permitiría contar co
n mayores recursos para atender la demanda creciente de servicios de salud. No obstante, enfatizó que el aumento del financiamiento debe ir acompañado de mejoras sustantivas en la gestión, para asegurar un uso más eficiente de los recursos.
En esa línea, indicó que la movilización de recursos debe darse a través de dos vías complementarias: incentivar la inversión privada —incluyendo esquemas de colaboración público-privada— y fortalecer la capacidad del Estado para generar y gestionar recursos adicionales. Entre las alternativas, mencionó la diversificación de fuentes de financiamiento, como impuestos a productos no saludables, que además de generar ingresos contribuyen a la prevención de enfermedades.
Respecto a los mecanismos de pago, destacó que su implementación es clave para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, porque permiten transparentar la relación entre lo que se paga y lo que se produce. Explicó que estos mecanismos pueden combinar distintas modalidades —como pagos por servicio, capitación o por diagnóstico— dependiendo del nivel de atención. Indicó que su correcta aplicación requiere sistemas de información sólidos y digitalizados, así como estructuras de costos claras.
En relación con la protección financiera, advirtió que el gasto de bolsillo en el Perú se mantiene alrededor del 30%, lo que evidencia fallas estructurales en el sistema. Esto muestra que el sistema de salud público no responde plenamente a las necesidades de la población, obligando a muchos pacientes a comprar servicios de prestadores privados por ausencia de cobertura pública, calidad limitada de los servicios o falta de medicamentos gratuitos en los prestadores públicos.
Para revertir esta situación, planteó la necesidad de ampliar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y avanzar en una separación efectiva de funciones entre financiadores y prestadores. Según explicó, este modelo permitiría construir un sistema competitivo y regulado, donde los aseguradores —públicos y privados— puedan contratar servicios en función de calidad y precio, generando incentivos para mejorar la eficiencia, ampliar la cobertura efectiva y reducir la carga financiera sobre los pacientes.