En los últimos meses hemos sido testigos dentro de nuestro sector de un fenómeno nuevo y preocupante que afecta injustificadamente a nuestro quehacer institucional, la actuación desenfrenada de una SUSALUD politizada, que pretende aplicar sanciones indiscriminadamente, cerrando Centros Quirúrgicos a través de la aplicación de cuestionables normas técnicas y medidas de seguridad, filtrando además información reservada a la prensa escrita y televisiva de supervisiones que están prohibidos de revelar, todas realizadas al sector privado y en las que exige y sanciona el incumplimiento de normas evidentemente anti técnicas e incluso ilegales.
Para ejemplo dos botones, en primer lugar vale la pena llamar la atención del ilegal requerimiento según la NTS N° 103-MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética, que establece en su numeral 6.4.3 “El personal que manipule alimentos deberá contar con carné de sanidad vigente, cuyo costo deberá ser asumido por la entidad”; cuando la Ley General de Salud – Ley Nº 26842 en su artículo 13°, establece:
Artículo 13°.- Toda persona tiene derecho a que se le extienda la certificación de su estado de salud cuando lo considere conveniente.
Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines. (…)
Lo antes expuesto, es una evidente barrera burocrática de acceso al mercado que Su salud pretende imponer, argumentando la validez de una Resolución Ministerial frente a la propia Ley General de Salud.
Más grave aún por los sobre costos que genera para el sector privado (y peor aún para el sector público si en algún momento pretendieran aplicar la Norma Técnica con igual rigor) es el actual requerimiento no solo de contar con un “coche de paro” por cada sala de operaciones y no por Centro Quirúrgico como era la exigencia normativa anterior, sino que además exige que cada coche cuente con un ventilador mecánico portátil (adicional al que ya cuenta el equipo de anestesiología de cada Sala) con un instrumentalquirúrgico con el que ya se cuenta en cada Sala de Operaciones (incluyendo un juego de tres collarines), y un desfibrilador por coche de paro y por sala (para el hipotético escenario en el que en todas las salas del mismo Centro Quirúrgico y en los mismos 5 minutos se vayan a producir paro cardiorrespiratorio.
A esta exigencia inaudita hay que añadirle el stock ad hoc de medicamentos de cada coche, que son los mismos que por seguridad debiera tener el anestesiólogo en su mesa de anestesiología y que estarían almacenados en los coches de paro innecesariamente, siendo repuestos por acercarse a su fecha de vencimiento de manera recurrente y a lo largo del tiempo por falta de uso, mientras miles de peruanos esperan ser vacunados, recibir medicinas y atenciones de salud urgentes, contar con equipos que operen si fuera posible las 24 horas del día en los establecimientos de salud, con la finalidad de descongestionar los recargadísimos servicios de salud públicos y también privados. En el Derecho se conoce como daño incierto a aquél que aún no conocemos se haya producido o vaya a producir. En el Perú, mitigar el riesgo del daño incierto está siendo priorizado por el ente supervisor, antes de asumir el daño emergente de miles de pacientes que requieren atención médica de calidad de manera urgente e inmediata.
En este sentido y cuando se hace referencia a las deficiencias de los servicios de salud, se hace mucho hincapié de la mala gestión en el Sector Público como causante de la falta de servicios (lo que es una verdad a medias, pues también faltan recursos), pero lo más grave es que para equiparar las deficiencias públicas SUSALUD pretende ahora trasladar los criterios de mala gestión, de falta de principios de prelación al gasto y de ineficiencia, al sector privado, exigiendo equipamientos desproporcionados que no harán más que incrementar las tarifas del sector privado, reducir la demanda de sus servicios y trasladar mayor masa de pacientes críticos al ya sobrecargado sector público. Vistas así las cosas, a las prácticas de SUSALUD, no se le ve mayor futuro, que el de constituirse en la gran inquisidora de la salud privada y antes que ser artífice de la calidad de los servicios de salud producto de la alineación y confluencia de subsectores con las políticas de salud nacionales y con la mejora en los servicios públicos, se constituye como el principal responsable del derroche de recursos para la aplicación de prácticas anti técnicas.
Dr. Víctor Puente-Arnao Tiravanti
Asesor Legal de la ACP
Abogado, Puente-Arnao Tiravanti Abogados