Se acerca otro 28 de julio y con ello otro mensaje presidencial seguramente cargado de deseos de inclusión, acceso a servicios públicos y promesas de crecimiento. Así como todos los años, palabras sin intenciones claras para remontar el letargo que venimos arrastrando.
El populismo y la demagogia se han propagado en el sector salud en los últimos dos años y un despliegue de promesas por ampliar el acceso a servicios gratuitos se transformaron en emisiones de normas inconstitucionales; políticas con remanentes de una ideología estatista y el rechazo a cualquier espacio de diálogo formal sobre las reales necesidades del sistema de salud, salvo que sea para la foto.
Lo cierto es que la inversión no va a crecer solo porque el Ejecutivo salga a decir que es bienvenida. Sobre todo, cuando en la práctica se acoge a funcionarios que proponen el control de precios, la expropiación de equipos o la confiscación de locales, ¿quién pensaría en invertir si corre el riesgo de que un supervisor de salud pueda cerrar su local por requisitos fuera de la norma o por demoras burocráticas que son responsabilidad del Estado?
En estos dos años de gobierno, el Minsa ha sido dominado por un grupo que encuentra perjudicial la actividad privada. Una muestra de ello son el Decreto Supremo 06-2022-SA, que permite de manera inconstitucional incautar los locales y los equipos de las clínicas en lugar de contratar sus servicios legalmente. También la promoción de control de precios y la desaparición de la libre iniciativa privada por la “concesión” de servicios, de parte del Superintendente Nacional de Salud de la gestión Castillista.
Otra norma irracional, que es una barrera burocrática, es el Decreto Supremo 017-2022-SA, que además pone en riesgo a miles de pacientes del sector público y privado. En el 2022, durante el Gobierno de Castillo, el Ministerio de Salud realizó la modificación del reglamento de la Ley de bancos de sangre, norma que podría generar una crisis de salud pública si no se modifica o deroga. El principal impacto de esta norma es que reducirá la oferta de bancos de sangre públicos y privados en el país, lo que generará problemas de abastecimiento de sangre para atender gestantes, emergencias, cirugías y diversos procedimientos médicos en hospitales y clínicas a nivel nacional.
Con la modificación de esta norma el número de bancos de sangre privados que producen y administran sangre (bancos tipo II) se verá reducido en un 90%, lo que hará que las clínicas privadas o centro especializados recurran a los pocos bancos de sangre tipo II que tengan autorización, situación que ocasiona una demanda que será difícil de cubrir. Además, la norma aprobada no exige estándares de seguridad ni calidad; por el contrario, exige una cuota de producción de unidades de forma arbitraria sin que ello tenga una correlación con la calidad y seguridad de la sangre.
La medida generaría graves consecuencias, principalmente en emergencias materno infantil. Teniendo en cuenta que una de las principales causas de muerte materna en el país son las hemorragias y la única forma de combatir esta causa es mediante la aplicación de unidades de sangre en la paciente. Históricamente la tasa de muertes maternas ha ido disminuyendo año tras año; sin embargo, con la pandemia esta se incrementó con una tasa de muerte de 60 por cada 100 mil nacidos vivos (según datos del 2022). Con la aplicación de esta norma, la tasa de mortalidad podría crecer nuevamente y las gestantes del Perú lucharían a diario por la falta de sangre.
Al interior de las regiones esta situación se agrava pues muchas provincias no cuentan con bancos de sangre tipo II, por lo que los hospitales deben conseguirla en las capitales de la región. Si disminuyen los bancos de sangre será más difícil conseguir unidades para estos hospitales en el interior. Los estarían obligando a pedir sangre desde Lima para sus procedimientos y emergencias. La aplicación de la norma es inviable en nuestro país, pues se basa en un modelo de gestión centralizada de países desarrollados donde existen grandes hemocentros que proveen de sangre a los establecimientos médicos públicos y privados. En nuestro país esos hemocentros no existen, todavía están en fase de diseño.
Con este escenario, no es posible atender la demanda adicional de tamizajes que tanto el sector privado y público solicitará sin afectar la oportunidad de atención a todos pacientes. Para evitar esta crisis de salud pública en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) debe derogar o modificar el DS-017- 2022-SA, ya que el 12 de setiembre vence la postergación para la autorización de los bancos de sangre. Si hasta esa fecha no se hacen cambios, entonces el sistema de salud del país volverá a encontrarse al límite ya que los bancos de sangre tendrían que cerrar.
Esta norma simboliza el peligro del populismo y la demagogia en el sector salud. Existe claramente un problema público: acceso oportuno a sangre y hemocomponentes seguros y de calidad. Esto requiere por un lado el incremento de la donación voluntaria, por otro lado, un sistema de producción de paquetes globulares y hemocomponentes que asegure la seguridad. Ninguno de estos dos requisitos se resuelve con el Decreto Supremo 017-2022-SA. El decreto no incrementará la seguridad de la sangre ni tampoco incrementará la cultura de donación voluntaria. Entonces, ¿qué objetivo cumple la norma en cuestión? Ninguno.
El caso de la norma de banco de sangre es probablemente la situación más alarmante en la actualidad, sin embargo, no es la única norma que afecta al sistema de salud. Durante estos dos últimos años, desde la Asociación de Clínicas Particulares se ha solicitado la instalación de mesas técnicas de trabajo que reúnan a diferentes actores y revise la regulación existente. Identificamos que la regulación de los servicios de salud tiene en promedio una antigüedad de 7 años con conceptos obsoletos, contradicciones o vacíos que antes no fueron previstos.
A pesar de que el Minsa instaló una comisión técnica en el Consejo Nacional de Salud (CNS), esta no se ha vuelto a reunir. De igual forma, el comité no es suficiente dado que el CNS no es vinculante, por tanto, es necesario aún que el ministerio a través de los órganos de línea correspondientes instale mesas de trabajo para la revisión normativa.
La actualización normativa es un tema central que impacta directamente en los costos, la inversión y puede convertirse en una barrera de acceso para nueva oferta tan necesaria en nuestro país. Una nueva gestión del ministerio se inició hace menos de un mes y esperamos pueda remontar esta ola con un diálogo amplio y participativo, enfocándonos en los problemas de fondo. Con arreglo a la Constitución y la Ley podemos todos los actores construir un sistema de salud que priorice a los ciudadanos y sus necesidades, asegure la innovación y la colaboración público-privada con respecto a la libre iniciativa y la promoción de la competencia y la formalización.
Desde la Asociación de Clínicas Particulares del Perú exhortamos al ministro de Salud a convocar a todos los actores para crear verdaderos incentivos a la inversión e innovación en salud, revertir las normas como el DS 006-2022-SA y DS 017-2022-SA que tienen consecuencias alarmantes en el derecho a la salud de las personas y los servicios. Finalmente, exhortamos a corregir de una vez el discurso intervencionista y populista que lleva dos años apoderado del Minsa y SUSALUD.
Dr. Hernán Ramos Romero
Gerente General de la ACP