Hace 76 años, la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) nació como una iniciativa de un grupo de médicos notables, muchos de ellos han sido ministros de salud o han sido representantes destacados de especialidades médicas en el desarrollo de la historia de la medicina del país, que consideraban importante que el sector privado participe de la formulación de políticas públicas a través de iniciativas orientadas a mejorar el sector salud.
Hoy el trabajo de la ACP responde al objetivo y propósito de mejorar el acceso a los servicios de salud, trabajando en estrecha colaboración con todos los actores del sistema para garantizar un acceso equitativo y oportuno a una atención médica de calidad, de acuerdo con lo que nos explica Ricardo Fiorani, actual presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. “Desde un inicio nos hemos comprometido a impulsar el crecimiento y desarrollo del sector salud en el país, reconociendo la importancia de la innovación para mantener la competitividad del sistema de salud peruano fomentando la investigación y la adopción de nuevas tecnologías y prácticas médicas. Este es el sello que caracteriza a los asociados que hoy, 76 años después, se mantienen con el mismo entusiasmo: promover un sector privado de salud formal, innovador y de calidad, con buenas prácticas de gerencia que permitan la eficiencia, oportunidad y satisfacción”, aseguró Ricardo Fiorani.
Frente a la actual situación del sistema de salud del país, Fiorani explicó que se debe considerar que el principal financiador del sector es el Estado: por ejemplo, el 97% de los asegurados del país están en Essalud, en el SIS o en alguna IAFAS de las fuerzas armadas, y el 80% de las camas hospitalarias se encuentran en el sector público. Por lo tanto, el siistema de salud peruano es eminentemente gestionado por el Estado, con una participación pequeña del sector privado, que solamente asegura al 4% de la población peruana, y atiende un 30% de las pensiones, lo cual ha generado ciertos inconvenientes que impactan directamente en el usuario final. De acuerdo con el presidente de la ACP, uno de los mayores retos del sector es brindar acceso a un sistema de salud que sea eficiente, innovador y tecnológico. “Más del 50% de las instituciones prestadoras públicas en el primer nivel de atención no cuentan con profesional médico, ni con equipamiento suficiente”, precisó Fiorani. “Cuando se accede a un establecimiento de salud que esté cerca, este no tiene ni la tecnología ni el recurso humano que se necesita para resolver un problema de salud”, acotó.
Esta situación se evidenció claramente durante el tiempo de la pandemia, en la cual se pudo observar un incremento de la mortalidad, no solo en personas con COVID, sino un incremento de las muertes por diabetes, hipertensión o por eventos coronarios, como el infarto de miocardio y el cáncer; lo cual significa, efectivamente, que la población no está mejorando su estado de salud. “Más de un tercio de la carga de enfermedad se debe a enfermedades crónicas, no transmisibles, lo que nos indica que tenemos no solo un problema de acceso, sino de oportunidad y calidad de los servicios, principalmente públicos, que hacen que el estado de salud esté empeorando. A ello hay que agregarle que las condiciones de vida y trabajo tampoco han mejorado sustancialmente”, menciona Fiorani.
Otro factor que afecta al sector salud, y reconocido por la propia DIGEMID, es el gasto de bolsillo en pacientes que se supone tienen una IAFAS pública, el cual se ha venido elevando, comenta Fiorani. “Hoy hay más de cinco mil millones de soles que se gastan al año en medicamentos, siendo los asegurados del SIS, Essalud y las IAFAS públicas los que más gasto realizan. Como lo explica Ramos, el sector público, en cuanto al financiamiento, no está garantizando la cobertura de sus asegurados, y las IPRESS públicas no están en la capacidad de atender la demanda que existe de servicios de salud debido a su baja resolutividad. Ello genera que sus pacientes estén gastando de su bolsillo en el sector privado, esencialmente en farmacias y boticas”, señaló Fiorani. A opinión del presidente de la asociación, a esta situación se suma que hay una gran dificultad para formalizarse en el sector salud. A la fecha existen por lo menos cinco entidades que tienen que supervisar y sancionar, y más de siete entidades que tienen procedimientos y pagos de tarifas, tasas para mantener la formalidad. Esta coyuntura genera un conjunto de establecimientos que optan por mantenerse en la informalidad, y a la vez, un conjunto de establecimientos que generan prácticas inseguras, sin estándares adecuados para la prestación, pero que, por el contrario de lo que ocurre en el sector formal, no son supervisados ni sancionados por la autoridad, y ello se debe a un marco reglamentario y regulatorio muy obsoleto y sumamente complejo.
Bajo esta realidad del sector salud, y como lo menciona el presidente de la asociación, lo que el Perú necesita son soluciones de muy corto plazo que resuelvan la urgencia y un plan que pueda generar soluciones de más largo plazo. “No se puede generar, programar soluciones que se implementen en el largo plazo permitiendo que las condiciones actuales se mantengan y, por lo tanto, las personas tengan que seguir sufriendo de falta de acceso y cobertura”.
“Desde la ACP consideramos que se ha avanzado muy poco en soluciones como el intercambio prestacional. Esto consideramos que se debe a una falta de decisión política que no ha permitido que las autoridades tomen decisiones para poder generar intercambio prestacional con el sector privado y así aliviar el déficit de oferta que tienen”, indica Fiorani. Por otro lado, menciona que un factor determinante es que las reglas no son claras o son muy complejas debido a que se quiere aplicar la ley de contrataciones con los mismos procedimientos de la logística clásica que tiene que ver con la adquisición de bienes o servicios generales, los cuales tienen una complejidad diferente. «Finalmente hay un problema de financiamiento, porque los intercambios prestacionales que han existido, han generado una deuda con el sector privado que no se reconoce”. Fiorani indica que esto es debido a una serie de excusas jurídicas que en su mayoría no deberían ser aplicables y que tienen que ver con este temor de los funcionarios públicos de ser sancionados por reconocer actividades, o con una ideologización de la gestión pública en salud que sataniza la participación del sector privado.
Ante esta situación, Fiorani precisa que la ACP tiene dos propuestas que están presentando ya en distintos foros. Por un lado, comentar y promover el intercambio prestacional mejorando las reglas de contratación. “Hay que aprender de países de la región, que tienen en la tercerización de servicios una ayuda. Esto requiere que tanto el SIS como Essalud hagan su rol de IAFAS públicas y sean quienes asignan los pacientes a las IPRESS. De esta manera el paciente no es un paciente de Loayza, Cayetano o María Auxiliadora. Es un paciente del SIS que acude al Loayza, Cayetano o María Auxiliadora”, asegura Ricardo Fiorani.
La otra propuesta, que se usa en países como Chile, es el del régimen de libre elección. Es decir, que se le pueda permitir a los asegurados del sistema público escoger el lugar donde quieren ser atendidos. “Obviamente esto debe tener algunas restricciones, porque si no todo el mundo va a querer ser atendido en clínicas de alta complejidad o en el Rebagliati, Almenara o en el Neoplásicas. Entonces, estas condiciones deben referirse de pronto sólo al primer nivel. El que debería resolver el 80% de los problemas de los ciudadanos es el estado. Y esta es una diferencia muy importante entre el primer nivel privado y el primer nivel público”, acota el presidente de la asociación.
En este contexto de soluciones y propuestas que salen del sector privado, la ACP sabe cómo enfrentar desafíos. El principal, cómo lograr un ambiente propicio para la inversión, para lo cual saben que es importante que los inversionistas vean que el Perú es un lugar donde se respeta el derecho de propiedad, donde hay derecho a la libre contratación, donde no hay medidas confiscatorias y se permite el desarrollo de la inversión de manera libre. Esto en el sector salud está siendo muy golpeado debido a dos elementos, como lo indica Fiorani. Por un lado, la gran cantidad de barreras burocráticas que existen para abrir y operar servicios de salud que no tienen, en muchos casos, justificación técnica y por lo cual Indecopi las declara barreras burocráticas arbitrarias; y por otro lado, iniciativas legislativas que vienen del ámbito del Ejecutivo y del Legislativo.
“Nosotros creemos firmemente que estas cosas se pueden solucionar. Por ello, estamos promoviendo que se implemente dentro del Ministerio de Salud el análisis de impacto regulatorio. Así las normas tendrán un estudio de costo-beneficio, dado que cualquier norma que sale requiere costos en equipamiento, costos en infraestructura o costos en recursos humanos que hay que asumir y por lo tanto eleva el gasto”, finalizó Fiorani.
Todas estas medidas e iniciativas son parte del propósito de la ACP para asegurar el acceso universal de las personas a servicios de salud de calidad, asegura Fiorani. “La ACP ha estado y estará siempre presente en la discusión de las principales políticas públicas de salud junto a otros actores de la sociedad civil, las universidades, los gremios profesionales y el propio Ministerio de Salud”, agregó el presidente de la asociación.
Ricardo Fiorani Rondán
Presidente de la Asociación de
Clínicas Particulares del Perú ACP