Entrevista a Teresa Tono, directora ejecutiva de la Organización para la Excelencia de la Salud.
Con más de tres décadas dedicadas a la construcción de sistemas de salud eficientes, equitativos y centrados en el ciudadano, Teresa Tono es una de las voces más autorizadas del sector en América Latina para brindarnos un panorama de lo que necesitamos replantear en países como Perú para mejorar nuestros sistemas. Médica, máster en Salud Pública y doctora en Sistemas de Salud por la UCLA, ha sido pieza clave en el desarrollo normativo y técnico del sistema de salud colombiano. En esta entrevista, reflexiona sobre las amenazas actuales al derecho a la salud que enfrenta Colombia, la necesidad de ciudadanía activa, y el rol insustituible de la ética y la transparencia en la gestión pública.
Frente a un panorama electoral como el nuestro, ¿cómo garantizar que un cambio de gobierno no implique la reversión de políticas públicas de salud que han demostrado ser eficaces?
La clave es entender que los sistemas de salud no deben girar en torno a ideologías, sino a derechos y responsabilidades ciudadanas. Para que una política pública sobreviva a los cambios de gobierno, debe estar respaldada por dos pilares: una ciudadanía empoderada que reclame y defienda sus derechos, y unas instituciones fuertes que comprendan su rol y tengan la capacidad de cumplirlo. Si un sistema depende únicamente de la voluntad de un ministro o presidente, es frágil. Necesitamos marcos legales claros que definan qué debe hacer cada actor desde el ministerio hasta el municipio y cómo deben usar los recursos públicos. Pero también necesitamos ciudadanos activos, que sepan exigir, que entiendan cómo funciona el sistema y que no acepten retrocesos como algo inevitable. La sostenibilidad se construye desde abajo, no solo desde arriba.
Uno de los grandes problemas en América Latina es la fragmentación de los sistemas de atención. ¿Cómo afecta esto al paciente en su día a día y qué reformas estructurales son necesarias para resolverlo?
La fragmentación es uno de los grandes enemigos del acceso efectivo. En Colombia, por ejemplo, un mismo asegurador puede contratar la atención primaria con una entidad, la hospitalaria con otra, los laboratorios con una tercera, y ninguna de ellas se comunica entre sí. El resultado es que el ciudadano debe recorrer todo el sistema para juntar las piezas. Tiene que pedir remisiones, buscar autorizaciones, repetir exámenes, explicar su caso una y otra vez. Esto no solo genera desgaste, sino retrasos que pueden poner en riesgo la vida del paciente.
Lo que se necesita es una integración horizontal: que haya continuidad en la atención, interoperabilidad en los datos clínicos, rutas de cuidado claras y articuladas. El sistema debería funcionar como una cadena de valor bien conectada, no como un rompecabezas.
Durante años, el sistema colombiano logró construir una arquitectura institucional compleja pero sólida. ¿Cómo se encuentra esa arquitectura institucional construida en las últimas décadas?
La estructura sigue en pie, pero está muy debilitada por el desfinanciamiento. El modelo colombiano es de aseguramiento universal, es decir, todos los ciudadanos están afiliados a través de aseguradores que reciben recursos del Estado para cubrir los servicios. Pero cuando esos recursos no llegan, toda la red se frena: los aseguradores se atrasan en pagos a hospitales, clínicas, centros de diagnóstico y proveedores farmacéuticos. Y como el flujo de dinero es el oxígeno del sistema, el efecto es inmediato. No se paga al prestador, el prestador no atiende. Y así se encadena una crisis que el ciudadano siente en forma de puertas cerradas, tratamientos suspendidos o interminables autorizaciones para acceder a lo que debería ser automático. El sistema institucional se convierte en un castillo de naipes.
Desde su experiencia, ¿cuáles son las señales más preocupantes del retroceso del sistema de salud colombiano?
Lo más alarmante es que el ciudadano ha dejado de ser atendido con la oportunidad y calidad que exige su condición. Y esto no ocurre por fallas aisladas, sino por una cadena de deterioros: clínicas que cierran, aseguradores que ya no reciben recursos, instituciones sin insumos. En Colombia, hemos visto pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o cáncer que ya no acceden a medicamentos esenciales, como insulina o tratamientos oncológicos. Es una situación profundamente seria porque afecta directamente la salud de la población, pero además socava la confianza en el sistema, en las autoridades y en las reformas. La población se siente abandonada, y ese sentimiento es peligrosísimo para cualquier democracia. Cuando el ciudadano se convence de que sus derechos no valen, la cohesión social se rompe.
En el sector, muchas veces vemos falta de transparencia en decisiones vinculadas a compras y procesos. ¿Qué se puede hacer para corregir este problema?
La transparencia se pierde por dos razones: incapacidad para comunicar o decisiones deliberadas para esconder. A veces los gobiernos o instituciones hacen cosas bien, pero no saben contarlas. Otras veces, se ocultan cosas porque hay intereses indebidos. En salud, los recursos que se mueven son enormes, y eso abre espacio a presiones, conflictos de interés, favoritismos. Para corregir esto, se necesitan sistemas abiertos: plataformas públicas de compras, convocatorias públicas, veeduría ciudadana. También hay que involucrar a medios especializados, a pacientes organizados, a gremios honestos. Todo lo que se decide con recursos públicos debe ser visible, rastreable y auditable.
La corrupción en salud genera indignación, pero muchas veces se percibe como algo inevitable. ¿Qué medidas concretas han demostrado ser efectivas para prevenirla desde el diseño del sistema?
La más poderosa es limitar la influencia de intereses privados en quienes toman decisiones clínicas y administrativas. Médicos, funcionarios, directivos: ninguno debería recibir pagos, regalos ni comisiones de proveedores. Eso tiene que estar prohibido por ley y sancionado con rigor. Pero también necesitamos vigilancia permanente. Comités de ética, auditorías externas, participación de ciudadanos en juntas directivas. Y no basta con sancionar: hay que fortalecer la cultura del servicio público. Que quienes trabajan en salud lo hagan con vocación, no por intereses. El diseño institucional debe proteger la integridad del sistema desde su base.
Más allá de la regulación, ¿cuál es el papel de la ética en la relación entre Estado, aseguradoras, prestadores y la industria farmacéutica?
La ética es el cemento que une todas las partes del sistema. Las leyes son necesarias, pero la ética es la que define cómo se aplican. Un prestador puede estar dentro del marco legal y aun así actuar de forma poco transparente. Un asegurador puede cumplir las normas y, sin embargo, demorar un tratamiento vital por motivos económicos. La ética permite que el interés del paciente prevalezca. Además, la ética guía al regulador: debe saber escuchar, actuar con equilibrio y no dejarse llevar por presiones políticas o mediáticas. Necesitamos líderes éticos, no solo técnicos.
En este escenario, ¿cree que en América Latina el acceso a la salud se respeta realmente como derecho fundamental?
Hay una tensión permanente entre los modelos ideologizados y los modelos de mercado puro. En algunos países, el Estado absorbe todo y deja de responder con eficacia; en otros, el mercado domina y excluye al ciudadano más vulnerable. El reto está en construir sistemas mixtos donde lo público y lo privado colaboren bajo reglas claras, con supervisión estricta y objetivos centrados en el bienestar de las personas. Lo grave no es que haya privados, lo grave es cuando no hay regulación ni control. Lo mismo del otro lado: lo grave no es que el Estado intervenga, lo grave es cuando lo hace sin eficiencia, sin rendición de cuentas y sin escuchar a la gente.
Finalmente, ¿qué mensaje le daría a quienes hoy lideran el sector salud en América Latina, especialmente en contextos de alta incertidumbre política?
En tiempos de alta incertidumbre política, los liderazgos en salud deben estar guiados por principios muy firmes y no negociables. El primero, sin duda, es el reconocimiento del ciudadano como eje del sistema. Todo lo que se decida desde una reforma legal hasta un ajuste presupuestario debe medirse en función de cómo afecta a las personas, especialmente a las más vulnerables. No podemos permitir que la salud se convierta en una variable de ajuste o en una plataforma ideológica. La salud no se improvisa, ni se gobierna con slogans: se construye con evidencia, escucha y responsabilidad.
El segundo principio clave es la protección de la institucionalidad. Las instituciones de salud, ministerios, superintendencias, aseguradoras públicas, hospitales deben tener reglas claras, recursos estables y personal altamente calificado. Desmantelar instituciones o politizarlas solo genera caos y desconfianza. Los líderes deben fortalecer, no debilitar, la capacidad del Estado para garantizar derechos.
El tercero es la ética. No solo como un discurso, sino como una práctica diaria. La ética es la que impide que los recursos públicos se desvíen, que las decisiones clínicas se contaminen con intereses económicos, que se impongan tecnologías ineficaces solo porque tienen una buena campaña detrás. Un líder ético sabe decir no, incluso cuando políticamente le resulta incómodo.
Y por último, el compromiso con la sostenibilidad. No hay sistema que sobreviva si gasta más de lo que puede sostener o si niega la innovación por temor. Se necesita equilibrio. Se necesita una mirada técnica que entienda el presupuesto, pero también una sensibilidad humana que recuerde que detrás de cada número hay una vida, una familia, una comunidad esperando atención.
Por eso creo que el liderazgo que se necesita hoy es técnico, ético, empático y profundamente ciudadano. Alguien que sepa gestionar, pero también escuchar. Que no tema reformar, pero que no olvide a quién debe servir.